En un mundo al revés, los militares que salvaron la república en una de sus más aciagas horas resultaron culpables, mientras que narcotraficantes y terroristas del M-19 terminaron sin implicaciones jurídicas y de ñapa, siendo senadores, gobernadores, alcaldes, y decanos de moral pública.

Hace 35 años, el 6 de noviembre de 1985, criminales armados pertenecientes al M-19, ingresaron por asalto al Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, asesinaron a los vigilantes, secuestraron, ultimaron a tiros a los magistrados, e incendiaron los archivos judiciales, y pusieron al país en vilo. Los delincuentes hacían un mandado a los capos del cartel de Medellín para desaparecer los expedientes contra de Pablo Escobar y sus secuaces y de paso forzar al débil mandatario Belisario Betancur a que cediera ante todas las imposiciones terroristas

     Sin espacio de maniobra y sin carácter Belisario Betancur se convirtió en convidado de piedra y a en un cínico, al aseverar que su versión de los hechos solamente se conocería cuando falleciera. O sea, para él nunca funcionaron las leyes colombianas. Luego algunos ambiciosos familiares de las víctimas han buscado jugosas indemnizaciones, y para lograrlo, han buscado que se profieran condenas judiciales contra el Estado por estos hechos. Y han encontrado el muerto aguas arriba.

    Esa justicia politizada se dedicó a condenar militares por supuestos excesos en la retoma del palacio, en lugar de juzgar a Belisario Betancur, a su ministro de gobierno, a sus comisionados de paz incapaces de convencer a los terroristas del M-19 para que se desmovilizaran durante la época previa al asalto, en costosas e improductivas conversaciones de paz; a los bandidos del M-19 que sobrevivieron, a los congresistas que les hacían el juego, a los cómplices del narcoterrorismo comunista que desde hace más de cinco décadas conviven camuflados entre los demás colombianos, etc

omado del libro Operación Sodoma del coronel Luis Alberto Villamarín Pulido

     Una tarde de agosto de 2001, en medio de los improductivos diálogos del gobierno de Andrés Pastrana con las Farc, un deteriorado vehículo marca Mazda arribó a una finca ubicada cerca de San Vicente del Caguán. Protegido por 300 terroristas, Jojoy esperaba a una pareja de campesinos, ambos mayores de 50 años.

     Los dos ancianos entregaron al terrorista, una caja de cartón que contenía 650 millones de pesos en efectivo, equivalentes a 325.000 dólares de la época, como parte de un millón de dólares exigido por la liberación del hijo de los dos ancianos, quien estaba secuestrado desde hacía un año, por las Farc.

     Sin responder al saludo, Jojoy verificó la cantidad de dinero que le entregaban las dos víctimas, pero cuando evidenció que no traían la cantidad exigida, gritó enfurecido:

     —¡La plata se queda aquí y ustedes regresan a conseguir el resto!—