Por Luis Alberto Villamarín Pulido
Aunque la represión transnacional mediante persecuciones ilegales o con complicidades de gobiernos de Estados receptores de perseguidos políticos, es una práctica antigua en las relaciones internacionales, la persecución contra disidentes políticos parece estar ganando prevalencia en pleno siglo XXI.
Probablemente, la globalización y la asombrosa facilidad del Internet, han coadyuvado para que los exiliados participen en el activismo contra sus represores desde el extranjero. Sin embargo, es innegable que han aumentado el deseo y la capacidad de las autocracias, para reprimir la actividad política contradictoria por sus conciudadanos en diáspora.
Así los teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos conectados a la red mundial de Internet, convierten la era digital en propiciadora motivos y mejores herramientas para efectuar represión transnacional contra disidencias políticas.
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A lo largo de la historia colombiana, las relaciones civiles-militares han sido complejas, debido a la persistente desinstitucionalización, instigada por polarizaciones partidistas y consecuentes intenciones para ideologizar la seguridad. Agobiados por efectos de la violencia fratricida, gestada por ellos mismos, altos dirigentes conservadores y liberales, entregaron transitoriamente el poder a las Fuerzas Militares en 1953.