Responsabilidades en el asalto al Palacio de Justicia
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Análisis estratégico sobre seguridad nacional, defensa hemisférica y políticas de estado.
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Pero a la inteligente maniobra militar del repliegue táctico y estratégico de las Farc en las zonas de influencia, se sumó la habilidosa estrategia de crecimiento cualificado del movimiento bolivariano clandestino, orientado a incorporar nuevos miembros al Partido Comunista Clandestino y a las milicias bolivarianas, en los corredores de movilidad que conducen a las 30 principales ciudades y los asentamientos urbanos subnormales de las capitales, donde existen redes de milicianos y miembros de la guerrilla urbana.
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Cuando era alumno de la Escuela Militar de Cadetes escuché decir a los oficiales de planta, que la antigüedad derivada de las calificaciones académicas y de las evaluaciones permanentes por virtudes militares que encarnan el liderazgo, era puntal básico para llegar a ser oficial brillante e inclusive general de la república. No obstante, el entorno de los instructores, comandantes y compañeros, me decía que algunos no eran tan brillantes y por otros factores avanzaban en la carrera, dejando a un lado a los mas capaces.
Es común que durante los periodos preelectorales cada candidato a la presidencia de la república esboce un plan de gobierno que según sus palabras va a reducir la pobreza, fomentar el empleo, multiplicar la cobertura de la vivienda, impulsar la educación, fortalecer la justicia, etc. Pero en realidad, la situación persiste en niveles dramáticos.
La doctrina estratégica sintetiza la defensa nacional en la previsión de todos los recursos humanos y materiales, para una eventual movilización de la nación en aras de defender la soberanía, preservar las instituciones y mantener la integridad territorial. En ese orden de ideas, la seguridad nacional es la acción que ocurre cuando el criterio global de defensa nacional pasa al hecho de defender o restaurar, cualquiera de los tres pilares básicos enunciados, afectados por los efectos nocivos de agentes que interfieran de manera sustancial en la capacidad del Estado para garantizar la vida, la honra y los bienes de sus asociados.
Está científicamente demostrado que una mentira repetida se vuelve verdad y con el paso del tiempo, el efecto del rumor la puede acrecentar. Tal es el caso de la desmedida desinformación alrededor de la Operación Marquetalia desarrollada por el Ejército colombiano contra las Farc en 1964.
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Además porque muchos de esos críticos, en realidad son miembros del Partido Comunista clandestino, resentidos sociales por naturaleza, dispuestos a perpetrar o respaldar, cualquier acto terrorista contra la población civil que dicen defender y fuera de eso declararse agredidos por el Estado Colombiano. Es parte de la dialéctica comunista, según la cuál el fín justifica los medios. A esa razón se debe la pataleta que arman cada vez que alguien les recuerda la ligazón ideológica y sentimental de los “camaradas” de un lado y otro.
Desde antes de su posesión el presidente Álvaro Uribe ha sido reticente en puntualizar que las Farc no tienen ideología política, por lo tanto en Colombia no hay guerra sino una agresión terrorista contra el Estado. Dicha tesis ha sido defendida con el claro propósito de bloquear cualquier asomo de reconocimiento político a la guerrilla en aras del ansiado estatus de beligerancia, que proyecte a las Farc como una fuerza insurgente con objetivos nacionales.
La inmersión de las Farc en el narcotráfico, el incremento de las acciones terroristas contra la población civil o la infraestructura económica, y el desborde de las oleadas criminales de las autodefensas, coinciden con la llegada de funcionarios civiles sin formación estratégica, a ocupar la cartera de Defensa Nacional.
Un examen analítico del lapso 1991-2007, periodo durante el cual han desfilado varios ministros civiles por la cartera de Defensa, pone al descubierto evidentes demostraciones de improductividad y ausencia total de una política de Estado, coherente, que sustente una estrategia nacional definida en los campos militar operativo y político, para resolver el problema de la violencia narcosubversiva.
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