Todo indica que como si se tratara de un bien público, Xi Jin Ping se convirtió en una herramienta de poder personal en su país.
Por concepto filosófico de hermetismo interno, el Partido Comunista Chino no suele ventilar en público sus dificultades. Por ende, en octubre de 2021, se consideró como una señal ominosa que los medios de comunicación oficiales chinos, informaron a la opinión pública, acerca de alarmantes acusaciones, en contra un alto funcionario policial deshonrado:
Se trata de Sun Lijun, un exviceministro de seguridad pública quien ha estado detenido durante más de un año, producto de una vaga violación disciplinaria del partido, pues había conformado una "camarilla política", que por férrea disciplina debe ser "purgada" del sistema político de China. La acusación sugería que otros funcionarios, quizás ubicados en niveles aún más altos de gobierno chino, podrían hacer parte de la “conspiración”.
Pocos días antes de que se publicaran las acusaciones contra Sun, también fue detenido el exministro de justicia, Fu Zhenghua. Lo publicado hasta ahora no deja en claro, si Fu y Sun son parte de la misma "camarilla", pero lo cierto es que no están solos.
Desde febrero de 2021, el Partido Comunista Chino ha “disciplinado” a más de 170.000 funcionarios y ha detenido en secreto a casi 3.000 de ellos, como parte de una campaña sostenida para "rectificar" la aplicación de la ley y el poder judicial de China. Es obvio inferir que aquellos funcionarios públicos que laboran al servicio del al politizado sistema legal chino, son víctimas de abusos, igual que la gerontocracia comunista ha abusado de otros empleados oficiales.
La campaña de rectificación es la más reciente de una serie de represiones a nivel nacional iniciadas en 2012 por Xi Jinping, argumentada y complementada mediante una campaña anticorrupción. Luego en 2018. Xi Jin Ping lanzó una campaña contra el vicio, incluido el tráfico de drogas, el juego y otros delitos relacionados con las pandillas.
Ambas represiones buscaron “limpiar la burocracia” a menudo corrupta de China y apuntalar la legitimidad de Xi, al eliminar a sus rivales políticos, y por extensión, reprimir a la disidencia.
En ese entorno de cacerías de brujas, las autoridades chinas han afirmado que la campaña actual apunta a castigar a los corruptos dentro de los sistemas judiciales y de aplicación de la ley, incluidos los funcionarios que aceptaron sobornos para liberar a delincuentes, quienes gracias a buenas conexiones se encuentran en libertad condicional, sustentada por motivos médicos.
Pero en la práctica, esta campaña tiene como objetivo sustancial, convertir la ley en una herramienta para aumentar el ya casi ilimitado poder de Xi Jin Ping.
El problema se agudiza
El eje de gravedad de la campaña de rectificación de la administración de Xi Jin Ping es el sistema secreto de detención, shuanggui, que significa aparecer en un "lugar designado en un momento designado", bjao la rígida dirección de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partico Comunista Chino.
Según datos consignados en una investigación de Human Rights Watch en 2016, basada en entrevistas con víctimas y sus familias, así como, registros judiciales y otros documentos oficiales, las personas sometidas a shuanggui fueron detenidas en lugares secretos durante meses, sin posibilidad de contarse con abogados o con familiares.
El reporte indica que hubo abusos físicos y psicológicos, que incluían palizas, confinamiento solitario, privación prolongada del sueño, exposición a temperaturas extremas, falta de comida y agua y amenazas contra sus familias.
Aunque por ley, China prohíbe el uso de pruebas obtenidas mediante tortura. Pero en desarrollo de los procesos, rara vez, los jueces descartan tales pruebas ilegales, especialmente si se obtuvieron a través de shuanggui.
Durante la referida investigación, Human Rights Watch no encontró ningún caso en el que los tribunales hubieran absuelto a sospechosos debido a la conducta ilegal de los investigadores durante el shuanggui.
En 2018, el gobierno chino reemplazó shuanggui por liuzhi, que se traduce como "estancia y colocación", y para supervisarla creó una nueva "super agencia" antirrobo, denominada la Comisión Nacional de Supervisión.
De remate, Liuzhi sigue procedimientos más estrictos que su predecesor, incluidos los límites de tiempo de detención, pero a diferencia del shuanggui, el nuevo sistema se dirige contra una amplia gama de personas, no solo contra los funcionarios del partido.
Así, a cualquiera persona que se considere que ejerce la autoridad pública, puede ser sometida a liuzhi, incluidos los docentes en las escuelas públicas. Al regular e institucionalizar el shuanggui, el Partido Comunista Chino ha transformado un sistema interno de detención del partido que existía fuera de la ley, en otro peor, que empodera y afianza la autoridad del partido sobre la ley.
Desde 2018 en adelante, han surgido informes de abusos bajo el sistema liuzhi. En la provincia de Fujian, en mayo de 2018, el conductor de un funcionario del partido, murió durante liuzhi. Su cadáver mostraba el rostro desfigurado y marcas de golpes en el pecho.
En otro suceso, un funcionario del partido testificó ante el tribunal que los interrogadores de liuzhi, que durante 18 horas todos los días a lo largo de cinco meses, lo mantuvieron atado a una "silla de tigre", utilizada para inmovilizar a los sospechosos durante los interrogatorios.
Allí, le frotaron los ojos con aceite y le encendían luces brillantes durante todo el día. En consecuencia, la víctima cuyo nombre es Yang, padece ahora de pérdida de audición, problemas de visión y otros impedimentos físicos.
Sin embargo, el tribunal que conoció su caso en septiembre de 2020, se ha negado a ordenar un reconocimiento médico para evaluar las lesiones, permitir a sus abogados acceso completo al video de los interrogatorios o descartar las pruebas obtenidas mediante tortura.
Durante la actual campaña de rectificación, el liuzhi se ha utilizado contra integrantes de las fuerzas del orden y del sistema judicial. El propósito es infundir miedo y de paso conseguir lealtad absoluta y aquiescencia a las imposiciones del partido.
El resultado de estas medidas ha sido la persecución de funcionarios tales como Sun y Fu, quienes estuvieron implicados en represiones anteriores contra abogados defensores de derechos humanos, la sociedad civil y otros supuestos enemigos del Partido.
Una de sus víctimas fue Wang Quanzhang, un abogado detenido y torturado durante tres años antes de ser condenado en 2019, por el inventado crimen de "subvertir el poder del Estado". En 2020, un periodista extranjero le preguntó a Fu, entonces ministro de Justicia, acerca del motivo de la larga desaparición de Wang.
Sin titubear Fu respondió que “China es un país gobernado con Estado de derecho. La libertad de una persona y sus derechos están siendo tratados de acuerdo con la ley ". Debido a que el promedio de las condenas penales en China es superior al 99,9%, surge la pregunta, si Fu diría lo mismo ahora.
La ley del terror jurídico
Para justificar su accionar represivo, los dirigentes del férreo partido han comparado la actual campaña de rectificación, con una que Mao Tse Tung realizó entre 1942 y 1945. En aquella ocasión, con la disculpa de "rescatar" a quienes se habían equivocado, incluidos espías y trotskistas, Mao eliminó a sus rivales, mediante un brutal impulso de intimidación y represión.
La llamada Campaña de Rectificación de Yan'an utilizó ampliamente la tortura, incluidas palizas y simulacros de ejecución, pero se desconoce cuántos detenidos perecieron en esta purga. A pesar del enorme sufrimiento humano, o quizás debido a él, la campaña de violencia y torturas ordenada por Mao, incrementó el culto a la personalidad de Mao.
En comparación, la campaña de rectificación de Xi parece menos sanguinaria, debido al barniz de legalidad que ha tratado de darle: A diferencia de Mao, Xi ha canalizado su campaña de violencia por medio de instituciones del sistema legal, que han detenido y castigado funcionarios de acuerdo con supuestas reglas y estándares probatorios.
En el fondo, la campaña de Xi es una manipulación del concepto de la ley. Después de la muerte de Mao, el gobierno chino reconstruyó su sistema legal de acuerdo con ideas políticas liberales.
Ahora, juristas más influyentes de China son antiliberales.
Xi Jin Ping ha cambiado de rumbo. Los juristas más influyentes de China ahora son antiliberales. Se demuestra en que la represión de Xi contra la aplicación de la ley y el poder judicial está solidificando el alejamiento de China de los principios legales liberales.
En noviembre de 2021, el Ministerio de Seguridad Pública chino emitió una nueva versión del juramento prestado por todos los nuevos agentes de policía. Antes juraban "ser decididamente leales al Partido Comunista Chino", ahora deben "apoyar decididamente la dirección absoluta del Partido" y comprometerse a "defender la seguridad política".
Es revelador que el nuevo juramento omite el requisito de "promover la equidad social y la justicia". Según el vocero del ministerio, este cambio tiene como objetivo garantizar que la fuerza policial se mantenga “ideológica, política y operativamente con Xi Jin Ping. Dicho de otra forma, el objetivo primordial de la aplicación de la ley, no es la seguridad del pueblo chino, sino la lealtad al líder chino. Rasgos característicos de un dictador.
A medida que Xi Jin Ping refuerza el control sobre el sistema político de China, afina instrumentos coercitivos y se asegura de que solamente pueda manejarlos él. Igual que durante anteriores campañas contra la corrupción y el vicio, la actual campaña de Xi Jin Ping para rectificar la aplicación de la ley y el poder judicial busca reforzar su autoridad y eliminar a los rivales potenciales.
Es evidente que el ego de Xi Jin Ping lo ha encumbrado al auto endiosamiento y que para el efecto, las instituciones chinas son herramientas para su propósito personal. Esto es preocupante, pues con mucho menos poder, pero con similar egolatría, Hitler desencadenó la Segunda Guerra Mundial, cuyos efectos aún afectan al planeta.
Teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Autor de 40 libros de estrategia, geopolítica y defensa nacional