Contrademandas a Nicaragua por mar territorial ¿otro grave error geopolítico del gobierno Santos?

Publicado: 2017-12-04   Clicks: 641

      Geopolítica colombiana

cover fallo salomónico

Frente a la histórica conducta bandoleril de la política exterior nicaragüense, desde siempre la cancillería colombiana a menudo dirigida por la logia Holguín-Mallarino, ha sido tímida, leguleya  carente de patriotismo y sin ningún criterio geopolítico en torno a la trascendencia geoestratégica del litoral y el mar territorial colombiano en el Caribe.

Todo parece indicar que las dos contrademandas recientemente admitidas por la Corte Internacional de la Haya, publicitadas con auto-propaganda como todo lo que hace el gobierno Santos, tienen más de acumulado error geopolítico y estratégico que de conveniencia para Colombia.

El viejo problema de la ambición bandoleril de sucesivos gobiernos nicaragüenses,hizo la primera metástasis en noviembre de 2012 cuando mediante espuria y cuestionada decisión, la CIJ redefinió arbitrariamente la frontera marítima entre ambos países y pretendió trasladar a la soberanía de Managua cerca de 75.000 km2 expoliados al mar territorial colombiano.

Con el estilo ambiguo y sin carácter del presidente Santos, que no quiso asumir conductas claras al respecto en aras de evitar que se el empantanara su soñado Premio Nobel de Paz, aseguró que la decisión de la CIJ era "inaplicable" por Colombia porque los límites del país no pueden ser modificados por terceros sino por el Congreso, en lugar de decir frontalmente que Colombia no acepta el espurio fallo, por el cual entre otras cosas las Farc felicitaron a Nicaragua y los comunistas colombianos guardaron silencio cómplice.

     Debido a la ambigüedad y falta de carácter de Santos, Nicaragua presentó en 2013 dos nuevas demandas contra Colombia. En una de ellas el apetito bandoleril de Nicaragua pretende que se le reconozca una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas que llegaría hasta Cartagena y dejaría a Colombia sin mar territorial, y la segunda, argumentando que Colombia incumplió el fallo de la CIJ maliciosamente favorable a Nicaragua.

    Fiel a su conducta ambigua, e igual a la estulticia de Andrés Pastrana en 2001, esta vez, en agosto de 2014 Santos y su canciller María Ángela Holguín  presentaron excepciones preliminares en el proceso indicando que la CIJ no tenía competencia y que la demanda nicaragüense no era admisible, pero luego Santos reversó y envió a los mismos ineptos que perdieron la demanda anterior “reforzados” por el abogado Carlos Arrieta que no es internacionalista.

    En consecuencia, el 17 de marzo de 2016 la CIJ rechazó las ambiguas  objeciones colombianas y como producto de la trapacería histórica del diplomático nicaragüense Carlos Argüello que lleva 40 años en La Haya y es amigo de todos los  togados, la CIJ se autodeclaró competente para conocer y fallar las dos demandas de Nicaragua contra Colombia.

     En una cuestionada votación que terminó empatada con ocho jueces a favor y ocho en contra, fue necesario el voto ponderado del presidente de la Corte. Así, la CIJ dio plazo a Nicaragua hasta el 28 de septiembre de 2016 para sustentar su demanda y a Colombia hasta septiembre de 2017 para presentar la defensa.

    En un acto auto-propagandístico del gobierno Santos, en octubre de 2017, la canciller Holguín emitió a un comunicado en el que informó que CIJ de La Haya admitió dos contrademandas contra Nicaragua, en el caso de las “Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe”. En contraste con el calculado alborozo santista, en realidad  Colombia abrió la puerta para que la CIJ se autoatribuya competencia para analizar y decidir sobre la  soberanía territorial colombiana.

    Según el comunicado de Cancillería, al admitir las dos contrademandas la CIJ analizará las reclamaciones colombianas porque “Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales (…)” y segundo, que “Nicaragua ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia”.

    El problema geopolítico y geoestratégico para Colombia radica en el segundo punto, que argumenta  que Nicaragua viola el derecho internacional con su trazado de líneas de base, porque servido en  bandeja de plata, permite a la CIJ asumir competencia para pronunciarse sobre asuntos sometidos a la soberanía de Nicaragua y Colombia.  

    El caso de las “Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe” inició en la CIJ el 26 de noviembre de 2013, cuando Nicaragua demandó a Colombia por la expedición del Decreto 1946 de 2013, que estableció una Zona Contigua Integral, y por presuntas amenazas contra Nicaragua de uso de la fuerza de la Armada Nacional colombiana.

    El 17 de marzo de 2016, la CIJ decidió carecer de jurisdicción sobre el alegato de amenaza del uso de la fuerza, pero decidió que entraría a analizar si la “Zona Contigua Integral” colombiana se ajusta al derecho internacional. Aquí comenzó a configurarse el error geopolítico y estratégico del gobierno Santos, porque con el afán de aparentar una actitud diplomático-jurídica ofensiva contra Nicaragua, la autopublicitada contrademanda colombiana extendió este el entorno del problema a que la CIJ  cuestione y decida por segunda vez en menos de diez años, la soberanía nacional en el mar territorial colombiano.

    Según el derecho internacional, los Estados con costas incluidas sus islas, tienen derecho a ejercer soberanía sobre un mar territorial de 12 millas náuticas, contadas  a partir de unas líneas de base, trazadas de forma soberana por cada Estado.

     El asunto es muy sensible, porque a partir de estas líneas se miden los espacios marítimos. Para el efecto, los Estados con costas e islas invierten ingentes recursos financieros, militares, y geopolíticos, para determinar sus líneas de base con el calculado propósito de ocupar la mayor cantidad de espacios marítimos que el derecho permita.

    Lo dramático es que el gobierno Santos y sus asesores jurídicos internacionales decidieron  demandar el trazado de líneas de base de Nicaragua, pero ni han publicado ni saben exactamente, cuáles son las líneas de base colombianas en lo concerniente  al archipiélago de San Andrés y Providencia.

    Por extensión, el derecho internacional reconoce que de manera adyacente al mar territorial de las 12 millas naúticas, los Estados con costas e islas  tienen derecho a una “Zona Contigua” configurada por un área marina de otras 12 millas de extensión En la Zona Contigua no se puede ejercer soberanía nacional sino algunas formas limitadas de jurisdicción, tales como prevención y sanción de infracciones aduaneras, fiscales, sanitarias o migratorias, acordadas en al Convención del Mar, organismo internacional del que Colombia no es signataria.

    En este punto surgen  múltiples problemas esgrimidos como razones en la demanda presentada por Nicaragua contra Colombia en la CIJ. Comenzando porque el gobierno de Managua no reconoce el derecho a una Zona Contigua de 12 millas naúticas a todas las islas del archipiélago de San Andrés y Providencia.

    Asimismo, en su ambiciosa demanda el gobierno de Nicaragua aduce que el Decreto 1946 de 2013, por el cual Colombia estableció la Zona Contigua Integral, es violatorio de la normativa del derecho internacional porque según sus abogados,  Colombia estaría reclamando una Zona Contigua superior a 12 millas;  y estaría ejerciendo competencia en asuntos ambientales que no están autorizados por la Convención de 1982, que según los argumentos de los abogados del régimen de Daniel Ortega  serían competencia exclusiva de Nicaragua.

    Pese a los errores geopolíticos, diplomáticos y derecho internacional  anteriores de Colombia frentre la actitud tramposa de Nicaragua, Santos sostuvo en el equipo defensor de los intereses colombianos a los mismos abogados que perdieron la demanda anterior con Nicaragua en La Haya y de repeso, estos “juristas” ampliaron a la CIJ la jurisdicción y la competencia, a sabiendas que gracias a Argüello y sus argucias, la CIJ ha favorecido a Nicaragua en pretensiones bandoleriles en demandas similares contra Honduras.

    Según la CIJ, para que un Estado contrademande a otro, la contrademanda debe tener “conexión directa con el objeto de la demanda”, por lo tanto al admitir la contrademanda colombiana, la CIJ considera que el trazado de las líneas de base está ligado a la disputa sobre Zona Contigua Integral. Dicho de otra manera, igual a lo sucedido en el litigio entre Honduras y Nicaragua, la CIJ podría resolver que para fallar la demanda de la Zona Contigua, primero miraría las líneas de base de Colombia en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, las cuales no se han publicado, por evidente miopía geopolítica de los sucesivos gobiernos colombianos, quizás escudados en que Colombia no ha hecho eso por no ser parte de la Convención del Mar.

    Aquí lo más grave es que igual a la salida en falso de Andrés Pastrana y su canciller Fernández de Soto de retirarse de la CIJ y luego volver a presentarse con el coronel Julio Londoño y un costoso grupo de abogados improductivos, en esta ocasión, fue nuevamente una actuación del gobierno colombiano la que abrió otra puerta para poner en riesgo la soberanía colombiana actual y comprometer los ricos recursos marítimos que pertenecen a futuras generaciones de colombianos, no a bandoleriles deseos expansionistas de Nicaragua.

     Más grave resulta que estas demandas y contrademandas se fallarán 2019, cuando ya Juan Manuel Santos y su paseadora canciller Ángela Holguín ya no estarán en sus cargos, el nuevo gobierno debera enfrentar la eventual decisión en contra de Colombia, el país podría verse avocado a desconocer los fallos adversos, se podría entrar en estado de enfrentamientos militares, y los verdaderos responsables de la debacle, dirán como Andrés pastramna, que ellos no tienen porque ir ante el Congreso a la "invitación" que les hagan para aclarar lo sucedido. 

    Y como si fuera poco, parece ser que estas dos contrademandas tampoco bloquean la ambición bandoleril de Nicaragua de extender su plataforma continental hasta Carrtagena. Todo esto a cambio de un egocéntrico premio Nobel de Paz.

 

Coronel Luis Villamarín Pulido

www.luisvillamarin.com

Especialista en Geopolítica, Defensa Nacional y Estrategia

Lectores de Fallo Salomonico? o Piratería Jurídica? también leyeron

Complot contra ColombiaLa selva rojaGuerra SicológicaPrimavera ArabeEstado Islámico ISISnarcoterrorismoConexión Al Qaedamartes de horrorGanar la guerra para conquistar la pazDelirio del LIbertador
 
 

Reciba gratis noticias, articulos y entrevistas

* indicates required

Maintained and Created by: { lv10 }

LuisVillamarin.com, 2015©