El espurio fallo de la CIJ de la Haya contra Colombia, mediante el cual se pretende expoliar 75.000 km2 de mar territorial a favor de las aspiraciones bandoleriles de Nicaragua, es la obvia consecuencia de una cadena de errores geopolíticos, históricos, diplomáticos y estratégicos de diferentes gobiernos colombianos, que por la lógica de la dinámica geopolítica tiene consecuencias impredecibles para el país en estos tres campos enunciados, afirmó el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido al iniciar la decimosegunda jornada académica del Centro de Geopolítica Colombia, en exposición presentada en las instalaciones de la Dimar a los profesionales oficiales de la reserva de la Armada Nacional y los periodistas que en la actualidad adelantan el curso de Corresponsales Militares.
No se puede separar ni considerar temas aislados la pérdida de Panamá por intromisión de Estados Unidos con el fallo de la CIJ acerca de la demanda presentada por Nicaragua y fallada a su favor en la redistribución de las aguas territoriales en el Mar caribe para determinar límites entre los dos países, pese a que ya existía el Tratado Esguerra Bárcenas, firmado y ejecutoriado desde 1928.
Con el fin de construir un marco académico en torno al tema, el coronel Villamarín Pulido elaboró un recorrido histórico, desde el siglo XVI cuando la avaricia de la Corona Británica envió a unos colonizadores escoceses a que se instalaran en Panamá y comenzaran a construir un canal interoceánico, pero el clima malsano, la fiebre amarilla y la acción agresiva de las tribus de la zona eliminaron la ambición inglesa. No obstante, la corona inglesa estimuló la piratería en el Caribe, para asaltar barcos españoles y robarles lo que los peninsulares habían robado a los indígenas en el continente americano.
Durante la época de la colonia española, Panamá y el archipiélago de San Andrés estuvieron bajo control financiero del virreinato de la Nueva Granada. Tras la derrota de las tropas realistas en Boyacá, la provincia de Panamá se declaró independiente de España y se agregó a la Nueva Granada como parte de la Gran Colombia. Enseguida el archipiélago de San Andrés hizo lo mismo. En 1823, las Provincias Unidas de Centroamérica se independizaron de España como una federación, pero desde el inicio de esta nueva entidad político-administrativa, los centroamericanos comenzaron a experimentar problemas con su vecino Nicaragua, país en el que la dirigencia política se ha caracterizado por su actitud belicista, irrespetuosa y ambiciosa de robar territorio a todos los vecinos.
Entretanto, Inglaterra no dió el brazo a torcer y aprovechó su riqueza económica y su potencial marítimo para seguir buscando posesiones coloniales en la región, y la inocultada intención de abrir un canal interoceánico en Centroamérica, controlado por la corona británica. Esa actitud desafiante de Inglaterra generó varios roces y la necesidad de firmar varios tratados internacionales entre los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos.
Una de las causas de esas divergencias entre Washington y Londres por el tema en cuestión, fue el despojo consentido por la Corona Británica y tolerado por la miopía de los gobernantes colombianos de turno que dejaron perder la costa Mosquitia, debido a que dos capitanes de la Armada Británica coronaron un “rey” de la Mosquitia y con habilidad bandoleril la monarquía inglesa declaró la zona como un protectorado. De remate Estados Unidos se apropió de las Islas del Maíz, mediante un contrato espurio de arrendamiento con Nicaragua y les cambió el nombre por Corn Islands.
La respuesta del gobierno colombiano fue tímida e irresponsable, dejando esos territorios nacionales a manos de ocupantes extranjeros. Desde entonces Colombia empezó a perder territorio sin que el Ejército fuera enviado a esas zonas a restaurar la soberanía nacional, porque el ejército era partidista de acuerdo con la corriente ideológica del mandatario de turno y porque, Colombia mantenía un vergonzoso estado de guerras civiles. Ni entonces ni ahora, ha habido objetivos nacionales. Ni siquiera identidad nacional.
Debido a la posición geoestratégica del Istmo de Panamá, los gestores de las guerras civiles usaban esa zona para abastecerse de armas, establecer contactos políticos con redes de apoyo internacional y para esconderse de los adversarios, pero para el gobierno de Bogotá Panamá no era importante ni les interesaba la enseñanza de Simón Bolívar acerca de esa valiosa posición geográfica.
Por esa razón en 1845 el entonces presidente de Colombia Tomás Cipriano de Mosquera envió a su canciller Manuel Mallarino a ceder soberanía colombiana en Panamá firmando con un delegado del gobierno de Estados Unidos el Tratado Mallarino-Bidlack mediante el cual Colombia autorizaba a Estados Unidos la construcción de un ferrocarril que uniera los puertos de Colón y Ciudad de Panamá, con la ventaja anexa que las tropas estadounidenses podrían actuar contra los insurrectos colombianos que afectaban el orden público en la región.
Desde entonces, la familia Mallarino que al igual que los Habsburgo de Austria se casa entre ellos, se apoderó como un patrimonio personal de la cancillería colombiana, con la circunstancia agravante que en todos los fracasos diplomáticos y geopolíticos del país ocurridos a partir de esa fecha, ha estado inmerso algún miembro de la logia Mallarino-Holguín-De Brigard, Uribe y otros emparentados por nexos de “sangre azul” en un país donde las élites se autocalifican como elegidos y con derecho propio para malgobernar a sus compatriotas.
Por la misma época Inglaterra y Estados Unidos firmaron el tratado Clayton-Bulwer mediante el cual se respetaban sus intereses geopolíticos en la región, en desmedro de la soberanía colombiana. Y seis años más tarde en 1856, el congreso de Estados Unidos aprobó la imperialista Ley del Guano, según la cual en cualquier lugar del mundo donde hubiera guano de las aves marítimas y un soldado americano pusiera la bandera, este lugar sería considerado de su país para conseguir el abono para los cultivos agrícolas en territorio de Estados Unidos.
Colombia fue uno de los países afectados por esta decisión imperial, porque los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana fueron expoliados por la armada estadounidense y solamente 116 años después en 1972 Estados Unidos devolvió esos cayos a Colombia, pero en el impositivo tratado se auto-adjudicó el derecho de pescar en aguas territoriales colombianas, sin que en contraprestación un buque pesquero colombiano pueda pescar en aguas territoriales estadounidenses.
Después de que una compañía francesa de ingeniería dirigida por Fernando de Lesseps construyera el canal de Suez en el Medio Oriente, el gobierno colombiano decidió contratar a esa firma para que construyera el canal de Panamá, pero los franceses no tenían la tecnología ni los equipos para construir en ambientes selváticos, máxime que hay una diferencia de alturas a lo largo del recorrido del canal que exigían la construcción de esclusas para detener el flujo del agua.
A esto se sumó la condición sanitaria de la zona, en la cual murieron muchos obreros, situación que abrió la ambición geopolítica que estaba esperando para comenzar a manipular la situación. Y como si se les alinearan los astros a su favor, Colombia entró en la guerra civil de los mil días cuando la política expansionista del Secretario de Estado Hay estaba consolidando las conquistas territoriales de Estados Unidos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas luego de la guerra contra España.
Y como si fuera poco, el presidente de facto Manuel Marroquín pretendió engatusar a Estados Unidos y esto costó que el imperialista presidente norteamericano Theodore Roosevelt protegiera a los traidores panameños para que se independizaran. En respuesta, Colombia rompió relaciones con Estados Unidos, que para esa época como gesto de buena voluntad con Nicaragua no con Colombia desocupó las islas del Maíz, y les prometió que más tarde construiría un canal paralelo al de Panamá, en territorio nicaragüense.
Debido a que para “dorar la píldora” por el daño causado a Colombia, el gobierno de Estados Unidos prometió el pago de 25 millones de dólares en compensación, la avaricia consuetudinaria de las élites colombinas sobre los recursos públicos primó sobre la dignidad nacional, se reabrieron relaciones diplomáticas con la potencia norteamericana y se inició un proceso de solución amistosa con Nicaragua que había robado a Colombia, el territorio de La Mosquitia protegida por Inglaterra.
Así se produjeron las notas diplomáticas Olaya Herrera-Kellogs, y en otra jugada estratégica geopolítica de Estados Unidos aprovechando la eterna ingobernabilidad de Nicaragua y la presencia de marines en ese país, promovió un tratado de límites entre Colombia y Nicaragua.
En 1928 se firmó el tratado Esguerra Bárcenas, que es el primer tratado internacional en el mundo que establece límites entre dos países, y determinó el meridiano 82 como límite. Lo grave es que el gobierno colombiano firmó aceptando que Nicaragua se había apropiado de la costa Mosquitia, las islas del Maíz y parte del mar territorial colombiano.
En 1966-67, el dictador nicaragüense Anastasio Somoza autorizó a unas compañías petroleras internacionales para explotar crudo en aguas marítimas colombianas, y la tibia respuesta colombiana por parte del entonces canciller Alfonso López Michelsen fue envíar una nota de protesta a Managua, a la cual se suman cientos denotas similares por agresiones contra los pescadores colombianos que han sido encarcelados en Blueffield Nicaragua. Esa es una de las razones por las que los isleños no se sienten colombianos del todo y se autocalifican como raizales.
En 1979 el terrorismo comunista subió al poder en Nicaragua como corolario de la revolución sandinista. La primera medida populista del régimen dictatorial apoyado por la dictadura cubana y la entonces poderosa Unión Soviética, declaró unilateralmente inválido el tratado Esguerra Bárcenas y de remate agregó a los textos escolares de enseñanza geográfica, el archipiélago de San Andrés como parte del territorio nicaragüense.
La estulta respuesta del entonces canciller Diego Uribe Vargas (uno de los miembros de la logia Holguín-Mallarino etc) fue que eso era un chiste y envió una nota de protesta más a la cancillería nicaragüense. Dieciocho meses después fue elegido presidente de Colombia el populista y laxo presidente Belisario Betancur quien andaba más pendiente de ser nominado Premio Nobel de paz que de gobernar o defender el país.
Como si los malos designios se juntaran, la ambición egocéntrica y vanidosa de Belisario Betancur se juntó con la jugada geopolítica de la Casa Blanca de buscar al paz en la región para destituir al dictador nicaragüense Daniel Ortega, y para el efecto se promovió un tropical grupo diplomático denominado de Contadora, para el que Belisario se hizo nombrar jefe. El tiempo pasó, las guerrillas colombianas no le hicieron juego a la vanidad del mandatario colombiano, y el escándalo Irán Contras, opacó la publicidad propagandista de paz belisarista en Centroamérica.
En respuesta a Belisario se le ocurrió la idea de sentar soberanía nacional en el mar, negociando un tratado de límites internacionales con Honduras. La respuesta de Nicaragua fue un “arancel patriótico” de 35% a los productos colombianos y hondureños. La contra-respuesta del gobierno Betancur fue que Colombia es un país de paz y no que por ende no tomaría ningún acción aduanera contra los productos nicaragüenses, acompañada de una de las consuetudinarias notas de protesta de la cancillería colombiana.
En 2001, el terrorista Daniel Ortega visitó a sus similares de las Farc en el Caguán, los condecoró y acordó con ellos que su próximo gobierno en Managua haría todo los posible para legitimarlos como fuerza beligerante y darles embajada en Managua. Por la misma época. La cancillería colombiana fue advertida que el por siempre transfuguismo diplomático nicaragüense planeaba demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya reclamando para sí, la propiedad del archipiélago de San Andrés y gran parte de las aguas territoriales colombianas en el mar Caribe. La cabeza de esos reclamos era el trapacero político nicaragüense quien acumula cuatro décadas como embajador de su país en la Haya y allí ha hecho sospechosa amistad personal con los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
La genial respuesta del presidente Andrés Pastrana fue disponer que el canciller Aníbal Fernández de Soto presentara ante una oficina de la ONU en París, una escueta y mal redactada carta de renuncia de Colombia a la jurisdicción de la CIJ. De inmediato el gobierno nicaragüense puso el grito en el cielo y con su consuetudinaria conducta bandoleril, afirmó que Colombia espiaba a sus diplomáticos. Dieciocho años después el presidente de Colombia Iván Duque nombró como embajador de Colombia ante la Onu al “brillante” excanciller Fernández de Soto, quizás por aquello de que la cancillería y sus cargos sensibles están escriturados a una logia irremplazable.
En respuesta Andrés Pastrana muy aficionado a viajar y disfrutar a cuerpo de rey de los recursos públicos, anunció que en castigo no iría a la posesión del nuevo mandatario nicaragüense y en un arrebato propio de su laxa personalidad y debilidad de carácter, cambió de tercio y envió al coronel Julio Londoño quien no es especialista en derecho internacional, sino empírico en temas de fronteras, a que dijera ente la CIJ que Colombia aceptaba al demanda y que el iba a enfrentar con un equipo de “especialistas” la querella. Obviamente, ya Nicaragua había ganado gran parte de la demanda sin haber empezado el proceso.
Desprestigiado y con el país asediado por el terrorismo comunista de las Farc y el Eln, a la par con el crecimiento desmesurado de las autodefensas ilegales de los hermanos castaño Gil, pastrana salió de la casa de Nariño igual de desprestigiado que sui antecesor Ernesto Samper.
El nuevo presidente Álvaro Uribe Vélez enfocó sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo comunista y la desmovilización de las autodefensas ilegales, dejando en segundo plano este problema internacional que venía creciendo sin que los sucesivos cancilleres Barco, Araujo y Bermúdez hubieran hecho lo suficiente, máxime que de manera calculada y sospechosa la CIJ partió la demanda en dos fallos, y en el primero proferido durante el gobierno Uribe, afirmó que la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia no estaba en duda, pero que increíblemente esa corte se arrogaba el derecho de estudiar los límites marítimos entre los dos países. Y el gobierno Uribe aceptó esa afrenta contra la soberanía nacional.
En 2010 asumió la presidencia de Colombia Juan Manuel Santos, quien desde el primer dia de su gobierno se dedicó a buscar el premio Nobel de Paz, y para el efecto nombró como canciller a maría Ángela Holguín (otra exponente de la logia Holguín-Mallarino). Durante ocho años la labor de la canciller fue promocionar la imagen de su jefe con el consecuente descuido de la soberanía nacional. Para rematar una semana antes de que se publicara el fallo contra Colombia, la inteligente canciller Holguín afirmó ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, que los fallos de la CIJ son salomónicos.
Efectivamente en noviembre de 2012, la Corte de la Haya falló en contra de Colombia, cercenó 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial colombiano, desarticuló la integridad del archipiélago de san Andrés, desconoció la ocupación histórica de los raizales colombianos en esas aguas, vulneró la integridad jurídica del tratado Esguerra Bárcenas legítimamente firmado en 1928, desarticuló la soberanía nacional y aprobó la actitud delictiva y bandoleril del gobierno nicaragüense, que ya había anunciado la construcción de un canal interoceánico paralelo al de panamá financiado por el gobierno chino.
Como Santos andaba empeñado en la búsqueda de su premio Nobel de Paz y la reelección presidencial, bajó el perfil al grave asunto, anunció que se necesitaba la aprobación del congreso colombiano y la firma de un nuevo tratado de límites con Nicaragua. Cuando ya fue reelegido, anunció que Colombia se retiraría del pacto de Bogotá, instancia internacional que lo forzaba de manera vinculante a aceptar la jurisdicción y competencia de la CIJ sobre Colombia. Y agregó que la Corte de la Haya está integrada por magistrados que obran de mala fe contra Colombia.
Pero como para que el retiro del Pacto de Bogotá se hiciera efectivo debería transcurrir un año, desde la fecha del anuncio, Nicaragua presentó dos nuevas demandas contra Colombia. Una por el supuesto incumplimiento del fallo de noviembre de 2012 y la segunda con un ambicioso contenido mas bandoleril indicando que la plataforma submarina nicaragüense se extiende hacia el suroriente y llega hasta la bahía de Cartagena.
Dados los antecedentes poco fiables de la CIJ, lo más obvio es que el fallo por las nuevas demandas de Nicaragua, serán en contra de Colombia, habida cuenta que Argüello sigue en la haya como embajador de Managua, que el equipo defensor de Colombia es el mismo que ya perdió una demanda internacional y para su refuerzo agregó a Carlos Arrieta una cuota política de Santos sin experiencia en asuntos de litigios fronterizos internacionales.
En el orden geopolítico China y Rusia tienen la mira puesta sobre el mar caribe y el litoral caribe colombiano, que hay proyecciones para abrir un nuevo canal interoceánico que afecte la geopolítica estadounidense en la región, que la dirigencia política colombiana sin importar el partido al que pertenezcan vive inmersa en la crónica rapiña y poco les importa la soberanía nacional.
Colombia no puede reconocer el primer fallo de la Haya, mucho menos si el segundo resulta adverso. Eso implica fortalecimiento de los componentes de fuerza aérea, unidades navales, y apoyo integral al desarrollo socio-económico de los habitantes del archipiélago de San Andrés y Provdiencia
El coronel Luis Alberto Villamarín Pulido es analista de asuntos estratégicos, especialista en geopolítica, historia militar, defensa nacional y estrategia general, temas sobre los cuales ha escrito y publicado 35 libros y mas de 1650 artículos. Igualmente es analista invitado permanente de la cadena de televisión internacional CNN en español.