Con estupor se recibió entre quienes conocemos la idoneidad profesional y la calidad moral del general Jaime Uscátegui Ramírez, la inexplicable ratificación de la condena de 37 años de prisión porque un colectivo de abogados que presentó hasta falsas víctimas, se empecinó en responsabilizar al insigne militar de las muertes (con cifras aumentadas) en Mapiripán-Meta, a manos de criminales de las AUC, al parecer cohonestados por otros personajes que están libres y son los verdaderos responsables de esta atrocidad.
Que mal precedente para los demás militares y policías con investigaciones penales por presuntas participaciones en delitos relacionados con el absurdo conflicto interno, pues a pesar de las mil demostraciones que hizo Uscátegui de su inocencia, de haber cumplido con su deber y de no tener responsabilidad operacional en ese sitio específico ni mando operacional directo sobre el batallón Joaquín París, cinco magistrados del más alto nivel se pegaron al argumento que por la experiencia militar Uscátegui ha debido actuar de inmediato, y lo condenaron.
Dice un viejo adagio que la ignorancia es peligrosa yatrevida en particular, cuando se deben tomar decisiones trascendentales. Que va a entender un alto funcionario de la justicia, desde un cómodo escritorio en Bogotá, colmado de asesores y con muchas prebendas a las que no renuncia ningún magistrado de ninguna corte, (que para sus egos son casi cortes celestiales); acerca de las dificultades de conducción operacional, material y humana, que encara las 24 horas del día un comandante de Brigada, más aún en el caso específico de la Séptima Brigada en la época de los hechos.
Es muy fácil suponer y hacer conjeturas de lo divino y lo humano para “fallar en derecho”. Otra realidad bien diferente es estar metido dentro de un uniforme camuflado con la responsabilidad única y total de dirigir a 5000 o más hombres, combatir contra las Farc, el narcotráfico, las autodefensas ilegales de una serie de bandidos con alias pintorescos, la delincuencia común y otras pestes, en medio de la debilidad institucional del Estado en su conjunto, donde la justicia funciona a medias o no funciona, los ministerios de desarrollo, educación y otras carteras del gabinete brillan por su ausencia y hasta muchos pobladores civiles hacen justicia por su propia mano.
El general Uscátegui es un inocente condenado. Es una víctima de la guerra jurídica contra la institución militar y un trofeo de guerra para las Farc, sus cómplices sus simpatizantes, y la ratificación de su condena además de infame es una vergüenza para la historia de Colombia. Todo parecería indicar que no todos los magistrados encargados del caso estudiaron el expediente con el celo y la minucia que este demandaba.
Todo esto apuntaría a demostrar, el marcado interés que hay en togados “civilistas” de satanizar la justicia penal militar, buscar chivos expiatorios como Uscátegui y demostrar que los militares colombianos están bajo la férula del poder civil, para absorber la justicia castrense no se sabría con intenciones. Lo que al parecer no han entendido algunos sesudos jueces colombianos de todos los niveles jerárquicos, es que las decisiones contra los integrantes de las Fuerzas Militares, decisiones que por su naturaleza pueden ser cuestionadas por cualquier ciudadano con cinco dedos de frente, a la larga no solo afectan la moral de las tropas sino que coadyuvan a que las Farc y sus cómplices avancen en su proyecto totalitario y de engaño al país, y a la destrucción sistemática de la institucionalidad, esa misma, que es deber fundamental de la justicia, sostener a toda costa.
La desgracia de Uscátegui es aterradora. Hace más de diez años solicitó medidas cautelares a la Corte Interamericana de Justicia y hasta la fecha no ha recibido repuesta concreta. En cambio, el terrorista desmovilizado Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, que fue destituido por inepto y chambón, acudió a esa misma corte, llena de izquierdistas, y en pocos días recibió medidas cautelares. La diferencia es que Petro es un comunista con un pasado judicial oscuro, y Uscátegui es un soldado que sacrificó los mejores años de su vida para defender a Colombia de la agresión terrorista. Esa es la radiografía de la justicia en el continente.
Todos los soldados colombianos somos respetuosos de las decisiones judiciales, porque esa es la esencia institucional y porque fuimos formados para defender la democracia, las leyes, la república, la constitución y la integridad institucional. Es un sistema de valores que acompaña a los militares hasta la tumba.
Pero eso no quiere decir que no haya lugar a cuestionar, opinar y analizar este fallo, que por su dimensión afecta la moral de las tropas, pone en entredicho la legitimidad de algunas actuaciones judiciales y deja la sensación que cualquier grupo organizado de abogados, puede utilizar todos los medios como testigos falsos, víctimas inexistentes, y otras aberraciones, para encarcelar militares y diezmar fuera del campo de combate a las tropas que se sacrifican para salvar a un país, que a juzgar por los hechos, no apoya a los soldados.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos