No pasa una semana en la vida política, social, económica, cultural y jurídica colombiana, en que no surja un fallo “en derecho” de alguna alta corte, de algún magistrado o de algún juez de la república, frente a situaciones de interés nacional, que por desgracia no sea producto de un escándalo, o de corrupción, o de venalidad, o porque no decirlo de franca ineptitud.
Los hechos pululan por montones. Y como si eso fuera poco, le agregaron la “transparente” JEP, y a otros genios de la política y la jurisprudencia se les ocurrió que la Justicia Penal Militar es ineficiente, entonces que debe pasar a manos de la Justicia Ordinaria, en la que a diario vemos con caparazón de tortuga milenaria, que el asombro dejó de existir en esos ámbitos en Colombia.
Increíble que para favorecer a los pedófilos de las Farc y por qué no pensar mal para acertar en la suposición, a algunos de los interesados en altos niveles de la administración pública, una doctísima magistrada, presentó ponencia para que los depravados incorregibles no sean condenados a cadena perpetua por abusar sexualmente de los niños.
Otros magistrados interesados en la politiquería, o quizás en seguir siendo partido político con toga, legitimaron otra aberración del pacto Farc Santos, entregando 16 curules más a los terroristas, con el cuento chino que son víctimas de circunscripciones especiales, y remataron la corrida, con el argumento baladí, que los militares y policías no son víctimas del terrorismo comunista contra Colombia.
¿O viven en la luna?, o ¿son de los mismos?, pero a todas luces, se diría que son parte del problema y no de la solución. Eso por citar apenas dos de las múltiples decisiones judiciales, tan rectas como una cabuya entre un bolsillo, de reciente ocurrencia en el país.
Ante la impotencia que producen tantas aberraciones jurídicas, para cualquier lego en la materia surgen más preguntas que respuestas, amén que aduciendo independencia de poderes públicos y la casi imposibilidad de investigar a un magistrado o un juez venal por fallar políticamente en temas eminentemente jurídicos, estos sapientes jurisconsultos, tampoco dan explicaciones convincentes acerca de sus cuestionadas decisiones, sino que utilizan el eterno leguyelismo santanderista, que tiene mil razones para justificar un acto dentro de un proceso, o emitir una sentencia judicial.
Vistas las anteriores realidades, que no son sacadas del sombrero, ni traídas de los cabellos, sino la realidad que experimentamos y padecemos los legos en jurisprudencia, llamados colombianos de a pie, frente a una justicia cada vez mas incompetente y alejada de lo que conviene a Colombia, nos surgen las siguientes preguntas:
1. ¿Existe algún seguimiento desde el ministerio de Justicia o el Consejo de la Judicatura, a las ejecutorias de los abogados de las ingentes facultades de derecho en universidades de alcurnia, normalitas y de garaje, que anualmente vierten cientos de juristas al mercado laboral, a sabiendas que entre ellos están los futuros jueces y magistrados?
2. Si el consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia hacen ese seguimiento, ¿cuáles son las acciones disciplinarias, administrativas y correctivas para las facultades universitarias que tienen más abogados comprometidos en procedimientos incorrectos?
3. ¿Hacen las facultades de derecho de las universidades colombianas, algún seguimiento a los abogados que de ellas se gradúan?
4. ¿Existe algún procedimiento ético, para que cuando el consejo de la Judicatura sancione a un abogado por su ineptitud o mala fé, la universidad que le regaló el título de abogado, le anule esa graduación profesional?
5. ¿No es motivo de vergüenza para una universidad, que un egresado de su facultad de derecho llegue a ser magistrado, e imparta no justicia sino injusticia, en flagrante agresión contra el bien colectivo común, las buenas costumbres, las leyes de la república y sobre todo lo que dignifica la carrera de derecho?
6. ¿Será que así como hace rato desaparecieron los faros en la política, se acabaron en Colombia los buenos abogados, los verdaderos juristas, los apóstoles del derecho, de quienes las facultades universitarias se preciaban de graduar?
7. ¿Será que además de la mediocridad o ineptitud de muchos de quienes se convierten en magistrados, en desmedro de la calidad humana de los quijotes que salvan el buen nombre de la justicia colombiana, la maldita corrupción, ese cáncer letal que todo lo corroe, incluido el dinero del narcotráfico y otras podredumbres, ya está metida en esas instancias?
8. Además de tantas prebendas y abusos de poder de magistrados, tales como prestar el carro oficial al hijo para que fornique dentro del vehículo con su concubina en un paraje solitario al occidente de Bogotá, o torcer procesos, ¿no hay forma de quitar esas prebendas a esos colombianos pagados con nuestros impuestos, y hacer una reforma profunda a la justicia colombiana, que está coja y sangrando hace rato, porque unos pocos acomodados en altos cargos, desvían el interés general para mejorarla?
9. Además de hacer parte de la izquierda amiga del asistencialismo y de destruir el país por medio de vándalos que naturalmente “no representan la protesta social pacífica” y de pedir lo divino y lo humano en cada convención salarial, ¿será que los afiliados al “pulcro y procolombiano” sindicato de Asonal Judicial, no se han dado cuenta de estas aberraciones? O, ¿por no ser parte de la solución, también son parte del problema?
10. ¿Para qué existe la rama jurisdiccional el Colombia? ¿Para impartir justicia, instruyendo los procesos, calificando los sumarios, juzgando y fallando en derecho? ¿Para representar intereses políticos de los partidos de izquierda? ¿Para favorecer con sus fallos en “derecho” los intereses de algunos grupos? ¿Para coadyuvar en el eterno desorden que afecta al país?
11. ¿Será que no hay nadie con peso específico comenzando por el ramillete de facultades de derecho, llenas de sapientes y expertos jurídicos, que sea capaz de poner el cascabel al gato, para que en una legislatura venidera, la justicia colombiana tenga una seria y concreta transformación, y para que no aparezcan mas magistrados del montón, cuyos logros radican en el amiguismo, las puertas giratorias, el pago de favores, los intereses económicos al pensionarse y otras perlas?
Y muchas preguntas más.
Queda el debate abierto. Se esperaría que sea para buscar soluciones a una problemática real y clara. No para argumentar con leguleyadas y adefesios explicativos lo indefendible.
Es evidente que las facultades de derecho de todas las universidades requieren una reingeniería reforzando la ética, la responsabilidad profesional, el culto por el estudio permanente y la necesidad de entender que los intereses supremos de los colombianos, están por encima de los intereses particulares de los jueces y magistrados.
Teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Colombiano con dolor de patria.