Política de Seguridad y Defensa de De La Espriella requiere Plan Lazo 2.0 para evitar errores pasados

Concepto integral

Seguridad y defensa nacional en Colombia exigen pragmatismo, desprovisto de dogmas ideológicos, pero fundamentado en la realidad histórica del conflicto armado. La política del gobierno De La Espriella orientada a restablecer firmeza institucional, exigir resultados operacionales contundentes a las Fuerzas Militares y reestructurar el aparato estatal de seguridad, apunta a reconstruir el orden institucional de la República. Sin embargo, exigir resultados operacionales, per se, conlleva riesgos sistémicos.

Sería mejor integrar holísticamente la inaplazable contundencia militar con un Plan Lazo 2.0. No para repetir métodos de la década de 1960, sino de evolucionar el concepto de la acción integral del Estado, en el que la fuerza coercitiva de la ley avance en sincronía con la guerra política, la acción psicológica, el desarrollo comunitario e institucional y una sólida fortificación moral y constitucional.

Asimismo, reestructurar el ente rector de la paz y la seguridad nacional, empoderando la Consejería Nacional de Seguridad bajo la dirección de un militar de carrera probo e idóneo, que coordine el sometimiento de los terroristas, no de prolongarles ventajas en el tiempo, así como la imperiosa necesidad de cimentar un proyecto de Estado a 40 años surgido de un partido político doctrinario.

Nudo estratégico: causas históricas, errores pasados, necesidad del plan lazo 2.0

Génesis de la violencia tripartidista con falsas soluciones

La violencia tripartidista y endémica que ha azotado a Colombia no es un fenómeno fortuito ni consecuencia de la marginalidad social. Es el producto de deficiente y errática conducción política de los asuntos de Estado, de polarizaciones artificiales generadas por castas dirigentes empeñadas en perpetuarse en el poder y de la acción sistemática del Partido Comunista que, vía sus brazos armados y sus estrategias de combinación de todas las formas de lucha, pretendió por décadas asaltar el poder e imponer un modelo autoritario mediante la violencia y el terrorismo.

Frente a esta amenaza multiforme, la dirigencia política tradicional repitió al país un catálogo de falsas panaceas: procesos de paz mal concebidos, reformas constitucionales apresuradas, repartijas de poder clientelares y alternancias forzadas. Ninguno de estos paliativos ofreció un auténtico Proyecto de Estado a largo plazo.

En lugar de consolidar el imperio de la ley, las negociaciones asimétricas otorgaron impunidad y legitimidad política a estructuras criminales, permitiéndoles recomponerse estratégicamente.

Entre exigencia operacional y la transgresión doctrinaria

Planteamientos centrados en "gobernar con los de nunca para transformar lo de siempre" parten de la premisa válida que sin seguridad no hay desarrollo, y que a la delincuencia se combate con la fuerza legítima del Estado. Entonces, los resultados operacionales no son opcionales; son un deber constitucional irrenunciable de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía y proteger a la ciudadanía.

Sin embargo, la experiencia histórica vivida durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos dejó lecciones amargas que la doctrina no puede ignorar. La presión desmedida y cuantitativa por "bajas" y resultados inmediatos, desprovista de un acompañamiento adecuado de acción integral, de inteligencia jurídica sólida y de una estricta ética del mando, derivó en graves desafueros, errores doctrinarios y desviaciones operacionales, que hoy se pagan caro ante un tribunal hecho a la medida de los terroristas.

Estos desafueros operacionales costaron legitimidad y sirvieron en bandeja de plata la victoria narrativa a las Farc y sus aliados ideológicos. Con esos errores, las estructuras subversivas lavaron su imagen ante la opinión pública e internacional, erigiéndose en víctimas y promoviendo el juzgamiento de la Fuerza Pública. La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el posterior enlodamiento de la memoria institucional son consecuencia directa de no haber blindado la efectividad operacional con una sólida fortificación moral y constitucional y planes de Estado a largo plazo.

Hacia el Plan Lazo 2.0: Acción Integral y Guerra Política

Un concepto renovado denominado Plan Lazo 2.0 evitaría repetir nefastos desenlaces, pues toda exigencia de eficacia operacional enmarcaría ahí. El Plan Lazo (1962-1965) concibió que la victoria del Estado sobre la subversión comunista, no se logra exclusivamente en el campo de batalla, sino ganando mentes y corazones de la población mediante el trabajo social articulado.

En se orden de ideas, el Plan Lazo 2.0 sugerido articularía simultáneamente cuatro ejes de acción:

1. Fuerza coercitiva legítima: Operaciones militares de alta precisión e inteligencia estratégica, estrictamente ajustadas al Derecho Internacional Humanitario, pero contundentes al neutralizar estructuras del crimen organizado y el narcotráfico.

2. Guerra política y psicológica: Desarticulación sistemática de narrativas desinformadoras gestadas por bandas criminales y grupos narcoterroristas, neutralizando judicialmente, sus redes de apoyo urbano y su influencia mediática.

3. Desarrollo y presencia social institucional: Inserción inmediata en el territorio de capacidades del Estado en infraestructura, salud, educación, justicia, salud, conectividad entre otras, inmediatamente después del control militar, impidiendo que el vacío estatal sea cooptado nuevamente por los terroristas.

4. Fortificación moral y constitucional: Formación continua en ética pública, mando responsable e integridad jurídica para cada oficial, suboficial, agente y soldado, garantizando que el cumplimiento del deber sea impecable y transparente ante estrados judiciales.

Restructuración institucional: consejería de seguridad y consejería de paz

En la revisión de la estructura del Poder Ejecutivo, De La Espriella ha planteado la eliminación de la Consejería Nacional de Paz para sustituirla por una Consejería Nacional de Seguridad. En realidad, la Consejería Nacional de Seguridad debió existir desde los albores de la República, ahora es un imperativo para derrotar estructuralmente el narcoterrorismo.

Para el efecto, se debe mantener un equipo encargado de coordinar la rendición y entrega por sometimiento a la justicia de los narcoterroristas, como apéndice técnico y operativo subordinado a la Consejería Nacional de Seguridad, mientras los ministerios en conjunto con la Fuerza Pública pacifican integralmente el país y la justicia obra sin contemplaciones contra quienes no se sometan a la constitución y las normas legales vigentes.

 La paz real no es la ausencia de fuerza, sino resultado directo de la seguridad legal, la autoridad del Estado y la consolidación del Imperio de la Ley.

Perfil del consejero de Seguridad Nacional

Sin excepción debe ser un militar de carrera en retiro, idóneo con:

1. Experiencia de combate y conocimiento territorial, es decir, profesional de las armas que haya recorrido la geografía nacional, conozca la dinámica real del conflicto en el terreno y que no teorice desde escritorios urbanos.

2. Idoneidad moral e incuestionable: sin duda, un oficial sin señalamientos de acciones ilegales, sin investigaciones ni procesos en la JEP y sin tacha ética.

3. Visión de estadista y capacidad comunicativa: Una persona a quien "le quepa el país en la cabeza", capaz de argumentar con solidez estratégica ante el Congreso de la República, los medios de comunicación y la comunidad internacional. No necesariamente con el rango de General o Almirante. Lo determinante es la capacidad analítica, el liderazgo doctrinario y la visión geopolítica.

Criterios de selección del equipo técnico

El equipo de trabajo de esta Consejería de Seguridad Nacional debe desmarcarse categóricamente de las prácticas tradicionales del clientelismo político. No se pueden nombrar fichas a dedo, ni pagar favores electorales, ni acomodar amiguismos.

La seguridad y la paz de la Nación exigen un cuerpo de expertos altamente cualificados en inteligencia estratégica, geopolítica, desarrollo comunitario, derecho internacional, economía de la defensa y obviamente, cualidades para conducir negociaciones de rendición de los criminales a favor de los intereses de los colombianos, no de los terroristas.

Por ende, urge estructurar el equipo de trabajo, determinar sus funciones y alcances, construir su Plan Estratégico de Seguridad y Consolidación Institucional proyectado a un horizonte inicial de cuatro años y perspectivas de varias décadas.

Proyecto de Estado a 40 años

Por lógicas razones, el liderazgo político transformador que exige Colombia en 2026, no puede limitarse a un periodo gubernamental de cuatro años. Los problemas estructurales de la Nación exigen trazar un Proyecto de Estado a 40 años. Para sostener esta visión en el tiempo, es imperativo cimentar un partido político doctrinario, estructurado no como un club electoral efímero, sino como una escuela permanente de formación de cuadros políticos y de gobierno.

Todo el accionar de la Consejería de Seguridad Nacional debe estar alineado con este plan estratégico, orientado al desarrollo integral de Colombia, el fortalecimiento de las libertades individuales y la preservación de la soberanía nacional, por encima de intereses de grupos o castas en particular.

Conclusión

La exigencia de resultados operacionales contundentes en la lucha contra la criminalidad es una obligación ineludible e inaplazable para rescatar el orden e institucionalidad en Colombia. No obstante, el patriotismo responsable exige asimilar la historia reciente: la fuerza sin doctrina, sin plan estratégico articulado y sin estrategia integral de guerra política, sicológica, integración con la comunidad, etc., conduce al desastre institucional y a la victimización de los propios integrantes de la Fuerza Pública.

Para proyectarse en el tiempo como una solución visionaria, la política de seguridad del gobierno De La Espriella requiere con urgencia el diseño e implementación de un Plan Lazo 2.0 que integre la acción militar con la guerra política, la acción psicológica, el desarrollo comunitario y la fortificación de los valores constitucionales.

 Al articular una Consejería Nacional de Seguridad dirigida por un oficial idóneo y probo, y al enmarcar estas acciones dentro de un Proyecto de Estado a 40 años, Colombia tendría garantizada una seguridad perdurable, justicia real y superaría la demorada consolidación definitiva de la República.

Acerca del Autor:
     El teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido es un oficial veterano del Ejército de Colombia, reconocido analista internacional de asuntos estratégicos, geopolítica y seguridad nacional. Autor de más de 40  libros sobre el conflicto colombiano y  terrorismo internacional. Además conferencista internacional y consultor experto en defensa y liderazgo militar en los medios de comunicación en español, más relevantes del mundo.

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