Equipo de trabajo De La Espriella debe ponerse camiseta en guerra contra narcoterrorismo comunista

    El gobierno liderado por el presidente Abelardo De la Espriella enfrenta una coyuntura decisiva.

      La simple contención militar resulta insuficiente frente a décadas de violencia sistemática impulsada por el narcoterrorismo comunista. El éxito de esta gestión exige un compromiso patriótico y coordinado de todos los ministros y funcionarios, quienes deben comprender que esta amenaza penetra la política, la economía, la justicia y la cultura, aplicando la perversa combinación de todas las formas de lucha.

      El reto exige integrar esfuerzos en la administración pública. En primer lugar, la farsa del pacto de La Habana legitimó al narcoterrorismo y permitió que las milicias bolivarianas mantuvieran su vigencia. Estas redes continúan controlando regiones con cultivos ilícitos, exigiendo que las carteras económicas y ambientales lleven desarrollo productivo y no solo soldados.

      Asimismo, la infiltración institucional se manifiesta a través de agitación social, jueces complacientes y ONGs afines, sumado a falsos diálogos promovidos por politiqueros del pasado. El motor financiero es el narcotráfico transnacional, complementado por corrupción sistémica, lavado de activos y tráfico de armas.

     La historia demuestra que las guerrillas no se derrotan con una acción militar aislada; se requiere una política de Estado a largo plazo que resuelva problemas de salud, educación, vías e integración a las cumbres andinas. Los ministerios no pueden limitarse a la tramitología desde oficinas en la región andina.

     La diplomacia y los funcionarios deben anteponer los intereses nacionales sobre la burocracia. En conclusión, la seguridad es el cimiento pero no el final del proceso.

      Se requiere corresponsabilidad gubernamental, visión a largo plazo, probidad administrativa y una estrategia internacional integral. Como bien reitera el teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, es indispensable unificar la acción del Estado combinando lo social con lo militar para resolver de raíz el problema de la violencia política en Colombia.

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