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Por qué todos los funcionarios del gobierno de De la Espriella deben ponerse la camiseta contra el narcoterrorismo

Por Luis Alberto Villamarin Pulido
Por qué todos los funcionarios del gobierno de De la Espriella deben ponerse la camiseta contra el narcoterrorismo

      Radiografía de un desafío histórico

     El Estado colombiano actualmente gobernado por el presidente Abelardo De La Espriella y quienes él escogió como equipo de trabajo, enfrenta una coyuntura determinante en la que la sola contención militar o el relevo presidencial de la complicidad petrista, resultan insuficientes para superar décadas de violencia sistemática, promovida por el narcoterrorismo comunista contra Colombia.

     La llegada al poder de un liderazgo mediático enfocado en la seguridad y el orden marca un punto de partida necesario, pero el éxito de esta gestión no recae exclusivamente en la figura presidencial ni en el ingente esfuerzo de la fuerza militar y policial. Exige compromiso total, coordinado y patriótico de todos los funcionarios del gobierno de De la Espriella, quienes deben comprender que el narcoterrorismo y sus estructuras asociadas operan como un entramado multidimensional que penetra la política, la economía, la justicia y la cultura, y, que pretende un trasbordo cultural para imponer el comunismo, objetivo para el que recurren a todas las actividades criminales posibles, denominadas por los marxistas retrógrados como la combinación de todas las formas de lucha.

     Retos y soluciones frente al narcoterrorismo y la amenaza comunista

     El reto es monumental y la solución también lo es, porque exige integración de esfuerzos en todos los campos de la administración pública y la gobernanza. Para comprender la magnitud de la tarea que incumbe a cada ministerio y entidad estatal, es indispensable desglosar las razones estructurales que sostienen la amenaza actual y las soluciones que deben implementarse desde la administración pública:

    1. La farsa del pacto de La Habana y la supervivencia de las milicias bolivarianas: El espurio pacto firmado entre  Juan Manuel Santos y las Farc constituyó la legitimación del narcoterrorismo. Lejos de desmovilizar las estructuras terroristas, permitió que las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino mantuvieran vigencia subrepticia, al margen de los erráticos pactos acordados por los ineptos negociadores que Santos envió a Cuba, en aras de legitimar su innecesario e inmerecido Premio Nobel de Paz.

     2. Control territorial y economías ilícitas: Estas tres redes clandestinas no desmontadas en el pacto Farc-Santos, continúan controlando las zonas neurálgicas donde se concentran los cultivos ilícitos y la minería criminal. Los funcionarios de las carteras económicas y ambientales deben entender que la lucha contra el narcotráfico requiere presencia institucional y desarrollo productivo en las regiones, no solo estadísticas de erradicación o enviar soldados y policías a exponer sus vidas sin que llegue el resto del Estado con presencia proactiva y productiva.

    3. La combinación de todas las formas de lucha y la infiltración institucional: Existe una ligazón directa entre los grupos armados y el comunismo tradicional, artífice de estrategias de agitación social, desobediencia civil y guerra jurídica. Esta red opera mediante propaganda, jueces infiltrados o venales, magistrados complacientes y denuncias internacionales instrumentadas por medio de ONGs afines. Asimismo, estructuras narcoterroristas como el Eln o el Clan del Golfo, permanecen intactas en su núcleo, que en el caso de los elenos son respaldadas por sectores ideologizados dentro del clero católico que, guiados por la teología de la liberación, promueven discursos funcionales a la subversión.

    4. El engaño de los falsos diálogos: El comunismo armado y desarmado recurre cíclicamente a procesos de paz ficticios para ganar tiempo, recomponerse y engañar a la opinión pública sin ceder en sus objetivos estratégicos, aprovechando la debilidad de gobernantes pasados. Pero lo peor es que cuenta con politiqueros corruptos como Belisario Betancur, Juan Manuel Santos, César Gaviria, Ernesto Samper, Gustavo Petro, o Andrés Pastrana quienes les hacen el juego.

     5. El engranaje global del narcotráfico y la corrupción sistémica: El motor financiero de este fenómeno es el narcotráfico transnacional con cadenas logísticas sofisticadas que involucran a abogados, contadores, economistas, ingenieros de sistemas, comerciantes, transportadoes, banqueros y autoridades corruptas en múltiples países. Adicionalmente, se ha disparado el consumo interno en las naciones productoras, agravando la crisis de seguridad pública. Este ecosistema delictivo se complementa con el tráfico de armas, el lavado de activos, el contrabando, la trata de personas y la falsificación documental. Todo es un solo paquete.

     6. La facilista y crónica medida de la acción militar aislada: La historia demuestra que las guerrillas no se derrotan exclusivamente mediante las necesarias e ineludibles operaciones castrenses. Aunque la fuerza militar del Estado neutralice cabecillas y desarticule cuadrillas, la ausencia de un proyecto político de Estado a largo plazo complementario inmediato a la acción militar, permite que los bandidos retornen a los territorios debido a su arraigo estructural.

     Ninguna política de seguridad se sostiene si se limita a los cuatro años de un periodo presidencial, y/o, a que se considere la guerra como problema entre el Ejército y los terroristas, o la paz un asunto exclusivo del gobernante con los cabecillas narcoterroristas, mientras los dirigentes políticos a menudo corruptos mantienen la población en el limbo, sin identidad política ni objetivos nacionales, por ende sin políticas de Estado para solucionar estructuralmente problemas graves de acceso a la salud, la educación, la vivienda, el ámbito laboral, las vías, la conectividad o la integración al hearthland geopolítico de Colombia en las cumbres andinas.

    Ante este diagnóstico, las soluciones exigen profunda transformación de la gestión pública. Los ministerios no pueden limitarse a la tramitología o a reportar cifras desde la comodidad de sus oficinas en el placentero ambiente meteorológico de la región andina, mientras el resto de regiones padecen los estragos del atraso socio-económico derivado de su corrupción e ineptitud centralista, dicho de otra forma de su miopía geopolítica.

      Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe trascender el bilingüismo de sus funcionarios o la mera formalidad de reuniones diplomáticas que presentan como grandes logros superiores a lo que es su responsabilidad ordinaria. La cancillería debe dinamizar el comercio, la cooperación en seguridad y la defensa rigurosa de las fronteras terrestres y marítimas, integrando la periferia nacional (hinterland) con el centro del poder (hearthland). Del mismo modo, gobernadores y alcaldes no pueden actuar como ruedas sueltas ni pretender que les apropien recursos sin rendición de cuentas, eludiendo su responsabilidad bajo narrativas de falsas autonomías de corte seudofederal y artificiosas críticas al centralismo bogotano, mientras ascienden al círculo de los corruptos y hacen parte de la misma repartija.

      Lecciones históricas aprendidas de la insuficiente respuesta integral del Estado a la agresión narcoterrorista del comunismo contra Colombia

       1. La seguridad es el cimiento, no el final del proceso: Sin orden público no hay desarrollo, pero la seguridad militar debe estar indisolublemente atada a la acción cívico-social y al fortalecimiento institucional permanente en todas las regiones, no solamente donde hay mayorías de votantes.

     2. La corrupción de funcionarios oficiales como catalizador del delito: La experiencia reciente con el desgobierno de Gustavo Petro, demostró que los discursos anticorrupción pueden ser utilizados por bandas criminales para ascender al poder, prolongando la perversa creenccia de que la  la administración pública es el botín para los festines de los corruptos. La probidad administrativa es un asunto de seguridad nacional y de acción permanente de todos los funcionarios públicos con autoridad, del congreso de la república, de los jueces o magistrados y de los órganos de control, además de la necesaria culturización política de las militancias de los partidos políticos, para que haya control, auditoría y veeduría permanentes.

      3. La fragmentación política debilita al Estado: La ausencia de partidos políticos con verdadera militancia y la falta de formación ideológica, simultánea y compartida, por parte de dirigentes y apasionados electores, generan una clase política de cazadores de votos que impide la consolidación de políticas de Estado a cincuenta años. Quienes, en cada periodo electoral mienten con la misma facilidad que respiran, engañando votantes, pero eso sí, polarizándolos alrededor de su garosa rapiña por apropiarse de la nómina y el presupuesto oficial.

      4. Importancia de la batalla cultural y comunicacional: El Estado como ente jurídico, político, administrativo, organizacional y rector con representación oficial de intereses comunes de los colombianos, no puede ceder los espacios de la información y la educación al arbitrio de los comunistas y sus cómplices con la disculpa baladí de la libertad de expresión sin responsabilidad judicial. Una ciudadanía desinformada es vulnerable a las narrativas engañosas de la izquierda radical y a la distorsión internacional impulsada por redes de propaganda manipuladas por el comunismo internacional y sus cómplices, pero también alos discursos mentirosos de la mal llamada derecha, que solo piensa en votos y engaños electoreros.

        Conclusiones de orden político

     1. Corresponsabilidad gubernamental: Ningún funcionario del gobierno de De la Espriella puede asumir un rol pasivo en la actual coyuntura político-estratégica que vive Colombia. La lucha contra el narcoterrorismo comunista exige alineación absoluta de todas las carteras ministeriales con la seguridad y el desarrollo nacional. Si no se consolida un bloque sinérgico para enfrentar el problema, pasaremos cuatro años de éxitos militares temporales, pero de fracasos políticos sostenidos en el tiempo.

    2. Insuficiente solución al problema con solitaria respuesta militar: La necesaria acción de las Fuerzas Militares y de Policía es indispensable e impostergable, para neutralizar amenazas y agresiones inmediatas, pero debe ser complementada de manera indisoluble por la presencia social, económica y judicial del Estado, para que las accciones del narcoterrorismo, sus cómplices y las trapacerías de los corruptos, no se conviertan en agresiones prolongadas en el tiempo, contra la institucionalidad y la vida de los colombianos.

     3. Estrategia internacional integral: La diplomacia colombiana debe desempeñar un rol proactivo, perspectivo y cooperativo en el ámbito global, para desarticular las finanzas y las redes logísticas del narcotráfico transnacional y sus cómplices. No puede quedarse en autoelogios de bilingüismo o en fotos en medios y redes sociales, de reuniones con altos funcionarios estadounidenses. Eso es apenas una parte de la solución, además de ser una de sus funciones rutinarias. Los importantes no son los funcionarios sino los intereses nacionales. Colombia no necesita burócratas que tengan amigos entre los diplomáticos estadounidenses, sino estrategas diplomáticos en la cancillería, capaces de empoderar los objetivos nacionales y las políticas de fronteras terrestres y marítimas del país.

      4. Visión de Estado a largo plazo: Es imperativo superar la improvisación cuatrienal y consolidar políticas públicas sostenibles que garanticen la soberanía territorial y la integración de las regiones periféricas. En este orden de ideas, la inteligencia estratégica del Estado y la labor investigativa de universidades, debe atarse a los planes de desarrollo, que siempre deben ser cualificados y aterrizados con base en necesidades reales y respuestas objetivas. Como esto demanda tiempo y organización estratégica, la única solución es crear un partido político serio, que por su naturaleza y estructura, que por primera vez, encarne la construcción de un proyecto político transformador a corto mediano y largo plazo. Lo demás será más de la misma demagogia crónica.

      5.Combate sin tregua para combatir la endémica corrupción: La depuración de las instituciones y el control riguroso de los recursos públicos son condiciones sine qua non para evitar que los enemigos de la democracia utilicen el propio aparato estatal en su beneficio.

     Acerca del autor: El teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido es un oficial veterano del Ejército de Colombia, reconocido analista internacional de asuntos estratégicos, geopolítica y seguridad nacional. Autor de más de 40 libros sobre edtos temas. Además conferencista internacional y consultor experto en defensa y liderazgo militar en los medios de comunicación en español más relevantes del mundo.

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