Vacío en la cúpula militar de Estados Unidos, indica riesgo estratégico de liderazgo y controversial autoridad de secretario Pete Hegseth

La conducción de las Fuerzas Militares enun país democrático no puede reducirse a la designación de mandos ni a la aplicación de criterios personales sobre quienes ocupan los altos cargos de responsabilidad. En condición de primera potencia militar, el liderazgo de las fuerzas terrestres de Estados Unidos constituye una función estratégica prioritaria, particularmente cuando el Ejército se encuentra inmerso en una intensa presión operacional.

 La situación resulta especialmente preocupante porque coincide con un período de elevada actividad militar. Actualmente, las fuerzas estadounidenses deben responder a las amenazas iraníes en Medio Oriente, proporcionar apoyo e inteligencia a Ucrania frente a Rusia y, simultáneamente, afrontar los desafíos derivados de la modernización de los campos de batalla mediante drones, inteligencia artificial y cambiantes tecnologías.

En ese contexto, la gestión del secretario de Defensa Pete Hegseth plantea un problema que afecta la estabilidad del liderazgo militar y trasciende las controversias personales. Desde esta perspectiva, su comportamiento respecto de la alta oficialidad del Ejército merece un análisis crítico.

La destitución del general George, la salida o desplazamiento de numerosos oficiales superiores y la reducción sustancial del número de generales de cuatro estrellas han producido un vacío de conducción, difícil de conciliar con las exigencias de una fuerza que opera simultáneamente en múltiples escenarios. Según información disponible, Hegseth ha destituido o forzado la salida de aproximadamente media docena de generales, debilitando una generación de comandantes militares con amplia experiencia de combate.

El problema adquiere mayor dimensión cuando se observa la naturaleza de las responsabilidades que recaen sobre el mando superior del Ejército. No se trata solamente de conducir tropas en combate. La estructura superior debe garantizar entrenamiento, equipamiento, preparación global, adquisición de armamento, conducción operacional, administración de recursos, modernización doctrinal y tecnológica, coordinación con otros componentes de las Fuerzas Armadas y articulación con los diferentes comandos regionales en diversas partes del mundo.

El jefe de Estado Mayor del Ejército, por ejemplo, tiene entre sus responsabilidades acelerar la adquisición de municiones críticas y sistemas como los interceptores Patriot y los ATACMS, precisamente en momentos en que esas capacidades son escasas.

La magnitud del problema queda reflejada en un dato particularmente significativo. cuando Hegseth asumió el cargo había diez generales de cuatro estrellas en servicio activo en el Ejército; posteriormente la cifra se redujo a cinco, el nivel más bajo en décadas. Algunos puestos regionales fueron ocupados por oficiales de otros servicios, mientras otros permanecieron vacantes durante meses.

Inclusive el Comando de Transformación y Entrenamiento, responsable de aspectos esenciales del entrenamiento y equipamiento de las fuerzas terrestres, permaneció sin una conducción estable después de la destitución del general David M. Hodne.

La situación resulta todavía más significativa en el caso del general George. De acuerdo con la información suministrada, su relación con Hegseth se deterioró progresivamente hasta desembocar en su destitución mediante una llamada telefónica extremadamente breve de apenas 15 segundos de duración. Posteriormente, el general Christopher LaNeve asumió funciones interinas, pero su nominación encontró dificultades para obtener suficiente respaldo en el Senado, algo inusual para los oficiales destinados a ocupar los máximos cargos militares.

Desde la perspectiva de liderazgo militar, esta dinámica indica que no debe confundirse la autoridad política sobre las Fuerzas Armadas con la personalización del mando hasta el extremo de la ojeriza. El secretario de Defensa tiene plena responsabilidad política sobre la conducción civil de la defensa, pero esa autoridad debe ejercerse mediante normas institucionales, procedimientos y criterios profesionales que garanticen la continuidad operacional. Cuando los cambios de mando parecen responder a conflictos personales, desconfianzas o criterios ideológicos, se introduce un elemento de incertidumbre que afecta el espíritu de cuerpo, la moral combativa y la cohesión profesional e institucional.

Hay preocupación de militares y congresistas por el obvio efecto de estas decisiones. El temor expresado es que los oficiales lleguen a considerar que proporcionar asesoramiento militar franco o no superar determinadas pruebas ideológicas pueda perjudicar sus carreras. Esa percepción sería particularmente peligrosa para una institución que debe conservar su carácter profesional y apolítico y cuya lealtad fundamental está dirigida a la Constitución, no a una persona determinada.

Desde el punto de vista del liderazgo es válido cuestionar, si la personalidad y el método de gestión de Hegseth resultan adecuados para dirigir la compleja relación entre autoridad política y conducción militar profesional. Existe creciente desconfianza hacia la alta dirección del Ejército y decisiones de personal que provocaron tensiones tanto dentro de la institución como con miembros del Congreso. La crítica, por tanto, no necesita descansar en una valoración psicológica del funcionario, sino en los efectos institucionales de su estilo de conducción.

Además, hay una contradicción estratégica particularmente relevante. Estados Unidos enfrenta adversarios que están acelerando la incorporación de inteligencia artificial, drones y nuevas tecnologías a sus fuerzas militares. Al mismo tiempo, sus tropas están involucradas en escenarios reales donde esas capacidades ya están siendo empleadas. Rusia y China avanzan rápidamente en estos campos y que el Ejército estadounidense necesita prepararse para un entorno operacional radicalmente diferente.

Por ello, el liderazgo militar debe subordinar las decisiones a los objetivos políticos y estratégicos de la nación. El propósito de las Fuerzas Armadas no es satisfacer preferencias individuales del dirigente civil de turno, sino proporcionar al poder político una capacidad militar profesional, cohesionada, preparada y capaz de ejecutar los objetivos nacionales. El asesoramiento militar independiente no es una amenaza para la autoridad civil, sino uno de los mecanismos que permiten que esa autoridad tome decisiones informadas.

La conclusión más contundente es, entonces, que una potencia mundial no puede permitirse que sus Fuerzas Armadas funcionen durante meses con vacíos en posiciones críticas mientras sus unidades operan en escenarios de guerra y competencia estratégica global. La continuidad del mando, la experiencia profesional, la estabilidad institucional y la confianza entre dirigentes civiles y militares son componentes de la capacidad de combate.

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