Emergencia económica: suspensión del decreto dejó al país entre riesgo de más deuda y la necesidad de gastar menos

Por ahora el carril rápido de recaudo queda cerrado y las alternativas son más lentas y con mayor costo político.

Subida del salario mínimo ya presiona costos empresariales y acelera ajustes de compensación

El recorte al gasto vuelve a ser una necesidad apremiante para Colombia. Foto: Imagen generada con inteligencia artificial.

Daniel Hernandez Naranjo

Periodista Portafolio

La suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional cambió de forma inmediata el panorama de caja del Gobierno y reabrió el debate sobre cómo cerrar el faltante fiscal sin el mecanismo extraordinario de recaudo; mientras que el presidente Gustavo Petro alerta que las consecuencias de esta decisión serán preocupantes para los colombianos.

Y es que con la medida quedaron sin efecto hacia adelante los impuestos y alivios creados bajo ese marco, y el país quedó, como señalan varios expertos, entre el riesgo de más deuda y la necesidad de gastar menos; puesto que el impacto no es menor porque el Ejecutivo había incorporado ese paquete dentro de su estrategia para cubrir un faltante relevante. 

Según los análisis que se han hecho hasta el momento, la batería tributaria de la emergencia apuntaba a recaudar cerca de $11 billones, dentro de un hueco estimado de $16,3 billones y con la suspensión, ese flujo esperado se congela y obliga a replantear la combinación de ingresos, gasto y financiamiento en el corto plazo.

El recorte al gasto vuelve a ser una necesidad apremiante para Colombia. Foto:Imagen generada con inteligencia artificial.

Para el exsubdirector de la Dian, Christian Quiñónez, el efecto es directo y operativo y explica que tras la decisión, “las medidas tributarias y las demás disposiciones que habían salido en el marco de este decreto… queda inaplicable a partir del momento desde la suspensión del mismo”, lo que significa que nuevos cobros y contribuciones especiales dejan de poder exigirse hacia adelante, aunque lo pagado durante la vigencia se mantiene como recaudado.

Un freno al recaudo

Quiñónez subraya que la Corte marcó un giro relevante al frenar antes de que el recaudo avanzara más. En sus palabras, antes “se recaudaba y después se caían las cosas”, mientras que ahora el tribunal dice “oiga, antes de que se recaude, vamos a mirar, vamos a suspender”; con lo cual se evita que se consoliden efectos irreversibles sobre contribuyentes y sobre la propia contabilidad fiscal.

Sobre la caja proyectada, agregó que “obviamente tiene una caída de once billones, que era lo que se proyectaba recaudar a partir de este decreto de emergencia económica” y a su juicio, el único componente que sí mostró resultados rápidos fue la amnistía incluida en el paquete, ya que los cerca de $235.000 millones reportados hasta enero provinieron de reducción de sanciones e intereses y no de nuevos impuestos.

Desde esa perspectiva, plantea que la alternativa legal más rápida sería impulsar por vía ordinaria las amnistías contenidas en un proyecto de reactivación económica que cursa en el Congreso y señala que la cartera de la Dian es amplia y que la reducción de sanciones e intereses puede acelerar el recaudo. Además, advierte que el origen del problema es un gasto que “no corresponde con la realidad económica para la obtención de ingresos”.

El recorte al gasto vuelve a ser una necesidad apremiante para Colombia. Foto:Imagen generada con inteligencia artificial.

Por otra parte, el analista Luis Alberto Villamarín describe el efecto como una congelación que deja al Gobierno sin el flujo esperado y con menos margen de maniobra; al tiempo que explica que el decreto queda detenido mientras se estudia su constitucionalidad y que, entre tanto, los contribuyentes “quedan exentos completamente de seguir pagando” y se obliga al Ejecutivo a replantear compromisos y contratos asociados a esos recursos proyectados.

Este experto recuerda que, además de la suspensión, entra a regir la ley de garantías y que, con el calendario electoral y el cierre de la legislatura, “realmente las acciones que tiene el gobierno Petro para incrementar el recaudo fiscal son mínimas”. A su juicio, el efecto es “gravísimo” porque se suma a un déficit grande y traslada presión al siguiente gobierno, en medio de mayor incertidumbre.

No tendrá efectos

Desde el frente jurídico-tributario, Juan Pablo Díaz, socio de Holland & Knight, aseguró que la propia Corte indicó que el decreto tributario derivado “no producirá efectos” mientras se decide de fondo. Dicho de forma simple, esto implica que dejan de aplicarse no solo nuevos impuestos sino también alivios y en consecuencia, los contribuyentes no están obligados hacia adelante a liquidar esos tributos extraordinarios mientras dure la suspensión.

Díaz advierte que la medida tiene impacto inmediato sobre las proyecciones oficialesy cuenta que afecta “las proyecciones de recaudo y recuperación de cartera previstas por el Gobierno Nacional”, más cuando la Dian ya reportaba avances por beneficios del decreto. Frente a la caja, anticipa que el Gobierno reforzará la fiscalización y gestión persuasiva de morosos mientras espera el fallo definitivo.

El recorte al gasto vuelve a ser una necesidad apremiante para Colombia. Foto:Imagen generada con inteligencia artificial.

Entre tanto, la decana Lorena Gutiérrez pone el foco en la magnitud macro del choque y explica que el Ejecutivo buscaba cerrar un faltante de $16,3 billones y que el paquete tributario de la emergencia estaba dimensionado para generar cerca de $11 billones; por lo que sin ese instrumento, el Estado pierde el “carril rápido” de ingresos y vuelve a mecanismos ordinarios que son más lentos, aunque jurídicamente más robustos.

También advierte que el recaudo no es holgado, pues se ha reportado que el recaudo tributario quedó por debajo de meta y pone sobre la mesa que si la Corte tumba definitivamente la emergencia, podría abrirse la puerta a devoluciones, incluso por cifras cercanas a $814.000 millones, dependiendo del alcance del fallo; lo cual añadiría presión adicional sobre la caja y la gestión administrativa.

Por último, Roger Román, socio de Russell Bedford, coincide en que el efecto es un freno inmediato al ingreso esperado. Para este analista, “las medidas tributarias creadas durante la emergencia quedan suspendidas”, tanto nuevos tributos como beneficios, y que los pagos realizados se presumen válidos hasta que haya decisión final. Sin esos ingresos incorporados en proyección, aumenta la presión sobre déficit y flujo de caja estatal.

Desde su lectura, solo quedan dos caminos plenamente seguros, que van desde tramitar una reforma por vía ordinaria en el Congreso, hasta ajustar el gasto mediante recortes o aplazamientos, y ambas rutas tienen costos políticos y económicos. Mientras tanto, hasta que no haya fallo definitivo, la incertidumbre se mantiene y complica la planeación de empresas y personas, elevando el riesgo de disputas y litigios futuros en materia tributaria.

El recorte al gasto vuelve a ser una necesidad apremiante para Colombia. Foto:Imagen generada con inteligencia artificial.

En este debate también hay que tener en cuenta el reciente encontrón entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, luego de que el Emisor endureciera su política monetaria y elevara la tasa de interés al 10,25% y además de rechazar la decisión, desde el Gobierno se advirtiera que esto impactará el crecimiento económico y dificultará la lucha contra la inflación.

Si bien el llamado en este momento es a recortar el gasto y aceptar que no hay plata, las declaraciones del Minhacienda dejaron entrever que el camino a seguir será la adopción de estímulos económicos, orientados al gasto, que podrían impactar las finanzas de la Nación.

Hay que dejar claro que la suspensión provisional no cierra el debate, pero sí cambia el terreno de juego, ya que congela el instrumento extraordinario y obliga a que la discusión vuelva al centro del escenario institucional. Todo esto, mientras se conoce una decisión final, que podría darse en no menos de tres meses.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio