Si a los terroristas desmovilizados del Epl se les revive la personería jurídica como partido político “Paz, Esperanza y Libertad” argumentando que este grupo criminal firmó un acuerdo de rendición con el gobierno nacional en 1991, sin que esta agrupación tenga ni posibilidades, ni capacidades para influir en la dinámica política nacional o regional, surge la duda si pronto los delincuentes que integraron las pandillas del Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Corriente de Renovación Socialista, o el autodenominado Ejército Revolucionario Guevarista, acudirán a alguna leguleyada para buscar la misma y otras prebendas.
Y lo peor es que la pueden conseguir, aduciendo cuestionables razones en torno a la espuria y gaseosa laxitud de la seguridad humana, la paz total, y la potencia mundial de la vida.
No podemos olvidar que estos sujetos fueron terroristas que asesinaron colombianos y extranjeros, secuestraron a civiles, reclutaron menores de edad, cometieron actos de barbarie, traficaron narcóticos, extorsionaron empresarios o finqueros, desterraron campesinos y les hurtaron sus tierras.
Todo parecería indicar, que actualmente se están jugando cartas por debajo de la mesa, a favor de los comunistas armados y desarmados, como corolario de una componenda previamente articulada contra Colombia.
Y a ese ritmo, el Eln y los demás capos de los otros carteles del narcotráfico, darán en la vena del gusto de Petro, y pedirán que como parte de la “paz total”, se realice una asamblea constituyente, en la cual tendrán asiento propio, con extensión a curules garantizadas por varios periodos legislativos, mientras se cumple lo que ellos impongan a los negociadores escogidos por Petro, con especial énfasis en correligionarios políticos de los delincuentes.
En torno a esta realidad surge la pregunta: ¿Seguirá Colombia entera de brazos cruzados, dando patente de corso a Petro, para que continué avanzando por una expedita autopista, hacia la “venezolización” del país?
En simultánea, desde hace tres años, ha ido creciendo el deseo de los miembros de las reservas de las Fuerzas Militares y de la Policía, para constituir un partido político propio, sin la contaminación de quienes han llevado el país al caos, y ahora se rasgan las vestiduras por la baja catadura moral y profesional de Petro y su combo.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Constituir un partido político estructurado demanda recursos y unos procesos legitimados a favor de quienes ya tienen personería jurídica, o lo que es más absurdo, ser delincuente con extensos prontuarios, perdonados por la JEP y por el congreso de la república carente de visión de Estado-Nación, que les otorgan absurdos beneficios políticos, con el paupérrimo y cuestionable argumento, de que ningún bandido se somete a la justicia para que lo encarcelen.
En ese orden de ideas quienes servimos con vocación y sacrificio a la misma sociedad que nos ignora durante el retiro del servicio activo, y pese a que quienes por norma legal somos catalogados como población vulnerable, carecemos de representación política en los organismos y cargos de elección popular, para defender los intereses gremiales, sociales y políticos; mientras que de manera increíble, quienes han destruido el país y son confesos militantes comunistas empecinados en someter a Colombia a los arbitrios totalitarios, son congresistas sin haber participado en elecciones y además gozan de protecciones y beneficios exagerados.
Ante tan aberrante realidad, no solo las reservas sino Colombia necesitan la participación política, de que quienes hemos caminado el país y compartido con los compatriotas que viven en condiciones difíciles, que por ende conocemos los problemas nacionales, y poseemos probada capacidad para trabajar alrededor de planes estratégicos trazados sobre objetivos nacionales y políticas de Estado.
En síntesis, que las reservas de las Fuerzas Armadas, participemos en la dinámica política nacional, no es una prebenda o un derecho de un sector poblacional colombiano, sino una impostergable necesidad de la sociedad colombiana.
En ese orden de ideas y en aras de la igualdad, lo más lógico es que los honorables congresistas, quienes para ejercer su función legislativa son protegidos por soldados y policías, reformen la ley electoral y como parte de la “paz total” y de la muy probable constituyente, otorguen ya y sin exigencias diferentes a que se estructure una colectividad política, la personería jurídica para que las reservas de la Fuerzas Pública, inicien a participar con igualdad de condiciones a los demás partidos políticos, en todos los eventos venideros durante mínimo cinco periodos legislativos consecutivos.
Ignorar a los compatriotas con uniforme policial o militar durante el servicio al mismo país que no hace nada para protegerlos políticamente, y lanzarlos al ostracismo en el retiro, forzándolos a que si quieren participar en política, lo hagan con avales de corruptas y desprestigiadas empresas electoreras que se autodenominan partidos políticos, es sencillamente un acto de traición y deslealtad de la sociedad en su conjunto, con quienes les han protegido sus vidas, honras y bienes a un alto precio de sangre sudor y lágrimas.
Señores congresistas, ustedes tienen la palabra para que las autoridades electorales actúen en consecuencia. No para que se desate el escándalo mediático con los refritos argumentos, según los cuales, los servidores del Estado no tienen ese derecho, sino que solamente lo poseen los terroristas, porque según una torva lógica, esos delincuentes tenían tintes políticos y hasta supuestas inclinaciones moralistas.
Lo escrito, escrito está
Teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Autor de 40 libros de geopolítica, estrategia y defensa nacional