En un mundo al revés, los militares que salvaron la república en una de sus más aciagas horas resultaron culpables, mientras que narcotraficantes y terroristas del M-19 terminaron sin implicaciones jurídicas y de ñapa, siendo senadores, gobernadores, alcaldes, y decanos de moral pública.
Hace 35 años, el 6 de noviembre de 1985, criminales armados pertenecientes al M-19, ingresaron por asalto al Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, asesinaron a los vigilantes, secuestraron, ultimaron a tiros a los magistrados, e incendiaron los archivos judiciales, y pusieron al país en vilo. Los delincuentes hacían un mandado a los capos del cartel de Medellín para desaparecer los expedientes contra de Pablo Escobar y sus secuaces y de paso forzar al débil mandatario Belisario Betancur a que cediera ante todas las imposiciones terroristas
Sin espacio de maniobra y sin carácter Belisario Betancur se convirtió en convidado de piedra y a en un cínico, al aseverar que su versión de los hechos solamente se conocería cuando falleciera. O sea, para él nunca funcionaron las leyes colombianas. Luego algunos ambiciosos familiares de las víctimas han buscado jugosas indemnizaciones, y para lograrlo, han buscado que se profieran condenas judiciales contra el Estado por estos hechos. Y han encontrado el muerto aguas arriba.
Esa justicia politizada se dedicó a condenar militares por supuestos excesos en la retoma del palacio, en lugar de juzgar a Belisario Betancur, a su ministro de gobierno, a sus comisionados de paz incapaces de convencer a los terroristas del M-19 para que se desmovilizaran durante la época previa al asalto, en costosas e improductivas conversaciones de paz; a los bandidos del M-19 que sobrevivieron, a los congresistas que les hacían el juego, a los cómplices del narcoterrorismo comunista que desde hace más de cinco décadas conviven camuflados entre los demás colombianos, etc.
No es fácil entender por qué sigue libre de toda culpa Antonio Navarro Wolf uno de los cabecillas principales del M-19, porque según él no participó en el planeamiento de la atrocidad, ya que en ese momento estaba en México. El terrorismo comunista consulta con todos los cabecillas las acciones criminales y es obvio inferir que Navarro Wolf si fue consultado para asaltar el Palacio de Justicia, pero como sus compinches ya están muertos, puede decir que se “acaba de enterar o que todo fue a sus espaldas”.
De todas las absurdas condenas por estos hechos, la mayor infamia y la peor injusticia de quienes tomaron tan espuria decisión, es la condena penal contra el general Jesús Armando Arias Cabrales. No hay un solo oficial, suboficial, soldado o empleado civil que haya tenido el honor de ser comandado por el general Arias Cabrales, que tenga una sola crítica negativa en su contra o que pueda decir, que conoce manchas que afecten su honorabilidad sin tacha, su profesionalismo militar y su ejemplar comportamiento personal y familiar. Mucho menos cabría la más mínima sombra de duda, acerca de que el general Arias Cabrales, hubiera procedido como un supuesto criminal de guerra, forma como la justicia manipulada pretende hacerlo aparecer ante la historia.
La verdadera historia de lo sucedido en el Palacio de Justicia los fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985 está por escribirse. Colombia necesita rescatar esa memoria histórica. Si quien la hace la paga, el gobierno Duque debería acudir ante instancias que sean necesarias, para que se juzgue y condene a los verdaderos responsables de los crímenes cometidos por el M-19.
Los historiadores sensatos, están obligados a escribir textos de historia verídicos en los que quede claro y no haya dudas para las generaciones venideras, que el M-19 era uno de los tantos brazos armados en que se escindió la estrategia integral del Partido Comunista, para la toma del poder político por medio de la combinación de las formas de lucha.
Que los asaltantes del Palacio de Justicia fueron los terroristas del M-19 y que nunca hubo retomas sino recuperación del imperio de la ley y la Constitución Nacional; que la laxa y descriteriada justicia colombiana los indultó y amnistió; que ha sido abominablemente injusta la condena contra el general Arias Cabrales; que los terroristas del M-19 que aún sobreviven no deberían ocupar cargos públicos sino estar encarcelados y mucho más.
Teniente coroenl Luis Alberto Villamarin Pulido
Autor de 38 libros sobre estrategia, defensa nacional y geopolítica